Con la colaboración de Alberto Toro y Carlos A. Villalba.
A las 9.04 del miércoles 5 de febrero de 2014 se derrumbó un paredón de más de 10 metros de altura del edificio en llamas de Iron Mountain. El derrumbe causó la muerte inmediata de ocho bomberos y dos rescatistas, Leonardo Day, Anahi Garnica, Eduardo Adrián Conesa, Damián Béliz, Maximiliano Martinez y Matías Montecheli, bomberos de la Policia Federal; sus colegas del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, y los rescatistas de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Pedro Baricola y José Méndez, fallecieron sin saber que sacrificaron sus vidas combatiendo contra un incendio intencional.
El lugar carecia de todas las medidas de seguridad, a pesar de las denuncias y los expedientes abiertos por inspectores del propio GCABA, lo que muestra la ausencia del Estado porteño como contralor del funcionamiento y de las habilitaciones edilicias que se producen en su distrito. Los datos recabados por la tarea legislativa reunidos en esta investigación dejan al descubierto una matriz de gestión pública cuyo común denominador es la falta de contralor, lo que facilita la sucesión de hechos con desenlaces fatales como los también ocurridos en Time Warp, Costa Salguero, en mayo de 2016.
El jefe de Gobierno en el momento del siniestro, Mauricio Macri, su sucesor, Horacio Rodriguez Larreta y el entonces titular de la Agencia de Control Gubernamental, Juan José Gómez Centurión, están envueltos en esta trama.
La destrucción premeditada de documentación de empresas relacionadas con el lavado de dinero, con sus conexiones políticas y la connivencia entre lo estatal y lo privado forman parte, también, de este tejido.
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